Hermosillo, Sonora a 19 de septiembre de 2023.- Para proteger y garantizar el derecho de la niñez a una pensión alimenticia justa y proporcional a los ingresos del deudor alimentario, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes presentó la iniciativa de Ley para que la Insolvencia Alimentaria Fraudulenta sea considerado un delito.
Es un derecho fundamental que los menores tengan cubiertas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, a nivel nacional este derecho está protegido y reconocido en el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que en nuestro estado está estipulado en el artículo 513 del Código de Familia del Estado de Sonora.
Aunque se ha avanzado en mecanismos para facilitar el cumplimiento de este derecho como la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos siendo un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos de alimentos, en la actualidad existe un grave incumplimiento de este.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México tres de cada cuatro hijos de madres y padres separados no reciben pensión alimenticia, de los cuales en 91% de los casos los acreedores son los hijos; en 8.1%, la esposa y los hijos, y; en 0.9 %, los hijos y el esposo. Asimismo, el 67.5 % de las madres solteras no reciben pensión alimenticia.
Mientras que Sonora desde hace varios años se ha colocado en el primer lugar con mayor número de deudores alimenticios de acuerdo con datos del INEGI.
Incumplir con el pago de las pensiones alimenticias implica una transgresión de los derechos de niños, niñas y adolescentes y también se configura como una manifestación de violencia dirigida hacia las mujeres: específicamente, una forma de violencia económica que refuerza los roles masculinos tradicionales.
Cada vez es más común que deudores alimentarios realicen una serie de movimientos, administrativos, fiscales, laborales o de otra índole para simular ingresos menores a los que realmente reciben y así evitar cumplir cabalmente con las obligaciones correspondientes; práctica que incumple con los deberes de la patria potestad y merece ser castigada.
La iniciativa presentada por la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano integrada por Rosa Elena Trujillo, Ernesto de Lucas, Natalia Rivera y Jorge Russo tiene como propósito reformar el Código Penal del Estado De Sonora para introducir el delito de “Insolvencia Alimentaria Fraudulenta” para que se castigue con cárcel de dos a cinco años al que dolosamente simule la percepción de ingresos por una cantidad menor a la realmente percibida por el deudor alimentario en complicidad con su patrón y/o socios, con el propósito de eludir la obligación de ministración correcta de alimentos al acreedor o acreedores alimentarios, y se le imponga el pago de todas las cantidades que por concepto de alimentos hubiera dejado de ministrar correctamente.