Hermosillo, Sonora; 6 de noviembre de 2024.- Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena destacaron que la aprobación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, es un avance en favor de garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
La legisladora Deni Gastélum Barreras, a nombre de las y los diputados de la bancada, destacó la importancia de la iniciativa para plasmar en la Carta Magna los derechos inalienables para las mexicanas.
“Esto es lo que estamos aprobando: la igualdad de hecho, no solo de derecho. Resarcir las desigualdades y las discriminaciones en la vida cotidiana de nuestra comunidad, de nuestras familias; desterrar de nuestro territorio las nuevas y viejas formas de explotación y lograr de manera perentoria igual trabajo, igual salario. Por eso el Grupo Parlamentario de Morena votamos a favor por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz”, expresó.
Gastélum Barreras mencionó que para contribuir a que cada mujer cuente con un espacio libre de violencia, en el mes de septiembre fue firmado el Pacto Social por la Paz y la Eliminación de la Violencia Familiar por las y los diputados del Poder Legislativo, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que busca sumar esfuerzos para coordinar acciones, políticas y estrategias de protección para las mujeres y sus familias.
El dictamen aprobado por unanimidad de las y los diputados establece que toda persona tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia, especialmente las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Las instituciones de seguridad pública deberán actuar bajo el principio de perspectiva de género.
Las autoridades federales podrán conocer delitos del fuero común, así como medidas u órdenes de protección derivadas de violencia de género en contra de las mujeres. Las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas en investigación de delitos relacionados con la violencia de género.
Los estados y municipios deberán observar el principio de paridad de género para el nombramiento de personas titulares en la administración pública. Además, establece que se deberán crear mecanismos para reducir y erradicar la brecha salarial de género y asegurar el derecho a un salario igual sin importar el sexo y el género.