Hermosillo, Sonora, a 15 de enero de 2025.- La Bancada Naranja, integrada por Manuel Scott y Gabriela Félix, rechazó la reforma electoral para la elección de personas juzgadoras del Estado.
El proceso de la Reforma Judicial del Estado ha estado lleno de ilegalidades, con parlamentos abiertos simulados, una insaculación de último momento y sin precisar 10 de los 39 cargos que serán sustituidos para juezas y jueces.
En tan solo un año los jueces y juezas que serán removidos tienen más de 75 mil expedientes, los cuales pasarán a manos de personas inexpertas, con el cambio de 50 personas juzgadoras en Sonora (incluye cinco cargos del Tribunal de Disciplina Judicial), más los miles de casos legales que están en manos de 44 juzgadores federales y que también serán cambiados por voto. Además de los casos de años anteriores sin resolver.
De acuerdo a la OCDE debe haber 64 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes; en México hay solo 4.5 por cada 100 mil. Con este rezago de personas juzgadoras y el secuestro del Poder Judicial, significa que la justicia seguirá sin llegar.
Respecto al costo de este indebido proceso electoral, Gabriela Félix, dijo que: “Considerando la mitad del presupuesto que indicó el INE que se requiere para el proceso judicial federal, cada cargo federal costará 14 millones de pesos; y el proceso de jueces y juezas locales, si se considera la mitad del costo de la pasada elección estatal, cada persona juzgadora local costará 500 mil pesos.
Por su parte, el diputado Scott expuso las incongruencias que hubo respecto al costo de este proceso electoral; al respecto, señaló: “Primero, la Secretaría de Hacienda dijo que esta elección no afectaría a las finanzas del estado, porque ya se contemplaba previsto en el presupuesto del 2025; y después, en este mismo dictamen, se contempla una ampliación presupuestal… ¿y qué quiere decir eso? ¡Que se necesitará dinero extra! ¿Cuánto? Aún no sabemos: primero aprobamos, luego preguntamos.”
Movimiento Ciudadano acompañará cualquier propuesta o modelo de política pública que sea para bien de las y los ciudadanos, como lo hizo apoyando las leyes del Transporte Ferroviario, Bienestar, Vivienda, Igualdad Sustantiva, Salario Mínimo o la Ley Indígena y Afromexicana.
Pero seguirá estando en contra frente a sus excesos contra el Poder Judicial, contra la Prisión preventiva oficiosa, la militarización, la supremacía partidista o la desaparición de poderes.