Puebla, México. — El estado de Puebla ha dado un paso alarmante en materia de derechos digitales y libertad de expresión. A partir del 14 de junio de 2025 entró en vigor la llamada Ley de Ciberseguridad, impulsada por Morena y duramente criticada por organizaciones civiles, especialistas y partidos opositores. La nueva legislación penaliza con hasta tres años de cárcel y fuertes multas económicas a quienes emitan “insultos” en redes sociales, bajo el ambiguo delito de ciberasedio.
La ley, publicada en el Periódico Oficial del Estado el viernes 13 de junio, ha sido bautizada en redes como la “ley mordaza” o “ley censura”, por lo que representa: un intento institucional por controlar lo que los ciudadanos dicen en internet.
¿Regular la violencia digital o castigar la crítica?
Aunque el dictamen busca enfrentar problemas reales como el acoso en línea, el fraude y la usurpación de identidad, los términos en los que está redactado —en especial la definición de insulto— abren la puerta a abusos de poder y censura institucional.
El Artículo 480 del nuevo Código Penal señala que se sancionará a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a través de plataformas digitales, siempre que haya “insistencia suficiente para causar daño emocional o físico”. Sin embargo, ¿quién define qué es un insulto? ¿Desde qué perspectiva se mide el “daño emocional”?
Advertencias ignoradas
Pese a las advertencias de organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México, que advirtieron el riesgo de criminalizar la protesta y la denuncia social, la mayoría legislativa aprobó la ley con 35 votos a favor, frente a solo cinco en contra y una abstención.
Los cambios también incluyen sanciones por delitos como espionaje digital, grooming, hacking, y usurpación de identidad, pero el foco público ha recaído en el uso punitivo del lenguaje y el castigo a expresiones incómodas para el poder.
La coincidencia no es casual
La entrada en vigor de la ley ocurrió en paralelo con un escándalo en redes sociales entre Melissa Cornejo, consejera de Morena, y Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., luego de que la morenista publicara mensajes ofensivos contra ese país. Landau respondió con la cancelación inmediata de su visa.
El episodio sirve como ejemplo de lo que parece ser una tendencia preocupante: los gobiernos —a nivel nacional e internacional— endurecen controles sobre lo que se dice en redes, mientras predican democracia y apertura.
Críticas desde la oposición
La ley ha sido condenada por figuras como Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, quien la calificó como “una puñalada a la libertad de expresión”. Desde el PAN y Movimiento Ciudadano también han advertido que esta legislación podría convertirse en una herramienta para silenciar a activistas, periodistas y críticos del gobierno.
Más control, menos libertad
En un país donde la violencia contra comunicadores sigue impune y la confianza en las instituciones es baja, la aprobación de leyes que castigan el discurso digital resulta preocupante y regresiva.
¿Se protege a las víctimas o se protege al poder de las críticas incómodas? Esa es la pregunta que queda tras la promulgación de esta ley.