Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) preparan más de 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, militares, exfuncionarios y empresarios vinculados al contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal. El golpe más mediático alcanza al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada en el megadecomiso de 15 millones de litros de gasolina ilegal en Coahuila.
Según fuentes federales citadas por El Universal, las órdenes comenzaron a ejecutarse desde el 1 de agosto y continuarán en los próximos meses. Por la magnitud del operativo, no todas las detenciones serán anunciadas públicamente.
Una red de corrupción al más alto nivel
Las pesquisas apuntan a una red en la que participaron no solo agentes y administradores aduanales, sino también personal militar y empresarios. El esquema consistía en simular importaciones de aditivos y desechos industriales cuando en realidad ingresaban millones de litros de gasolina y diésel al país sin pagar impuestos, con el respaldo de permisos y comercializadoras vinculadas a funcionarios federales.
Entre los decomisos más relevantes destacan:
- 10 de marzo, Tampico: el buque High Challenge intentó ingresar 50 millones de litros de combustible ilegal.
- 20 de marzo: el Torm Agnes, de una firma china, buscó contrabandear 10 millones de litros.
- 31 de marzo: el petrolero Challenge Procyon trató de introducir 20 millones de litros más.
- 23 de junio, Nuevo Laredo: aseguradas 80 pipas y 100 carrotanques con 20 millones de litros.
El 7 de julio se realizó el decomiso histórico en Coahuila: 15 millones de litros de huachicol asegurados.
Empresarios y políticos en la mira
Además de Ruffo Appel, las investigaciones alcanzan a las comercializadoras que operan en la cadena de suministro, como Crismón Hidrocarburos y Derivados, señalada por el propio exgobernador como cliente único de Ingemar, autorizado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El pasado 14 de agosto ya habían sido suspendidos funcionarios en las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada. Y el 24 de julio, Ruffo Appel declaró a El Universal que tenía la “conciencia tranquila” y estaba dispuesto a colaborar, aunque se deslindó de responsabilidades.
Un negocio millonario
De acuerdo con reportes oficiales, solo entre enero y marzo de este año entraron ilegalmente al país alrededor de 100 millones de litros de combustible por distintos puertos y pasos fronterizos. El negocio dejó ganancias multimillonarias a empresarios, funcionarios y grupos criminales, pese a que desde 2020 las aduanas quedaron bajo control de la Sedena y Semar.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó recientemente la captura de 14 personas vinculadas a esta red, entre ellas empresarios, cinco marinos en activo, uno retirado y exfuncionarios aduanales.
Contexto
El llamado huachicol fiscal se ha convertido en uno de los delitos de cuello blanco más lucrativos en el país. Aunque originalmente se buscaba frenar el robo de combustible en ductos de Pemex, el contrabando desde puertos y aduanas internacionales se disparó en los últimos años, evidenciando que la corrupción sigue incrustada en las estructuras de seguridad y comercio exterior.