Ciudad de México; 20 de noviembre de 2025.—El Senado de la República aprobó modificaciones a la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, incorporando supuestos tecnológicos como redes sociales, plataformas de internet, llamadas internacionales, uso de celulares con ladas extranjeras e incluso el empleo de inteligencia artificial, gracias a las propuestas del senador por Sonora Iván Jaimes Archundia.
Durante la discusión del dictamen, el legislador advirtió que la iniciativa original no contemplaba los mecanismos digitales más utilizados por la delincuencia. Recordó que el delito de extorsión ha crecido 1,600% en los últimos 20 años y 500% en la última década, lo que obliga a actualizar el marco jurídico para abordar modalidades que trascienden fronteras.
Jaimes llamó a normar no sólo la inhibición de llamadas, sino también prohibir y sancionar el uso de celulares dentro de los penales, al cuestionar si la legislación asumía tácitamente su permanencia en los centros penitenciarios.
Con las modificaciones aprobadas, el Artículo 17 establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes utilicen redes sociales, perfiles falsos, plataformas de internet o cualquier medio electrónico con fines de extorsión o coerción. También se sancionará el uso de dispositivos, servicios o sistemas que permitan transmitir voz, datos, imágenes o información por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, electromagnéticos o cualquier tecnología análoga.
El senador planteó retos sobre extorsiones realizadas desde otros países y el uso de herramientas tecnológicas que dificultan la identificación de responsables, temas que —dijo— deben incorporarse en los protocolos de investigación y cooperación internacional.
El decreto fue aprobado por unanimidad y también reforma cinco ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de uniformar definiciones, homologar conductas agravantes y establecer estándares nacionales de investigación.