Hermosillo, Sonora; 11 de diciembre de 2025. Con la intención de proteger a las personas más vulnerables y avanzar hacia un modelo de gobierno verdaderamente humanista, la diputada María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia presentó una iniciativa para incorporar las tarifas sociales al marco jurídico estatal, consolidando su obligatoriedad y evitando criterios discrecionales en su aplicación.
La propuesta reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Hacienda Municipal, y fue turnada a la Comisión de Bienestar Social para su análisis y eventual dictaminación.
Espinoza Tapia señaló que, durante décadas, los subsidios y apoyos para personas en situación vulnerable dependieron de decisiones aisladas o temporales, sin reglas claras ni reconocimiento jurídico. La reforma busca que Sonora pase de apoyos coyunturales a derechos plenamente establecidos en la ley, garantizando continuidad, transparencia y equidad.
La diputada destacó que la iniciativa se fundamenta en el artículo primero constitucional, que obliga al Estado a garantizar el goce progresivo de derechos humanos, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que consideran el acceso universal a servicios básicos como eje esencial del bienestar.
“Las tarifas sociales materializan el derecho al desarrollo social, ya reconocido en la legislación vigente, pero actualmente sin mecanismos para hacerlo efectivo. Estas políticas fortalecen la equidad, la universalidad y contribuyen a reducir la pobreza multidimensional, pues el acceso a servicios básicos es un indicador clave en la medición de carencias sociales”, afirmó la legisladora.
La propuesta establece:
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El derecho explícito a recibir tarifas sociales en servicios públicos estatales y municipales.
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La obligación de municipios y gobierno estatal de incluir, detallar y transparentar estos subsidios en sus leyes de ingresos.
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La creación de reglas de operación claras, para evitar discrecionalidad y garantizar planeación y orden.
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La facultad del Ejecutivo para otorgar apoyos presupuestados que compensen dichos subsidios.
Espinoza recordó que municipios como Hermosillo, San Luis Río Colorado y Cajeme ya aplican esquemas de descuentos y apoyos, lo que demuestra la viabilidad del modelo. Incorporarlo en la ley permitirá homologar criterios y otorgar sustento jurídico a estas prácticas.
Finalmente, subrayó que la reforma representa un paso firme para reforzar el federalismo social y colocar a las personas vulnerables en el centro de las políticas públicas