Hermosillo, Sonora, 6 de enero de 2026.- A más de cuatro meses en prisión preventiva, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, aseguró que no existe el delito de peculado por el cual fue imputado y vinculado a proceso, al sostener que los recursos involucrados no son públicos, sino fondos privados derivados de retenciones a la nómina de trabajadores de la educación afiliados a la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En una carta pública, Guerrero González afirmó que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora incurre en una interpretación errónea al considerar públicos dichos recursos, cuando —según su defensa— provienen de retenciones de ISR, conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se destinan a un servicio de previsión social que el Gobierno de Sonora mantiene desde hace más de 40 años con el magisterio estatal.
El exfuncionario explicó que estos fondos surgen de acuerdos laborales vigentes desde 1986 entre el sindicato y el gobierno estatal, y que su administración y destino están orientados exclusivamente al beneficio de los trabajadores, por lo que —insistió— no se configura el delito que se le imputa.
Guerrero advirtió que, si la Fiscalía lograra convencer al juzgado de que los recursos son públicos, debería investigarse y procesarse también al actual y anterior Secretario de Hacienda, al actual y anterior Secretario de Educación y Cultura, así como a funcionarios en activo de ambas dependencias, ya que el esquema financiero continúa vigente bajo la misma lógica en la actual administración.
Detalló que lo que antes se conocía como Plan de Beneficios Múltiples fue renombrado como Plan de Beneficios Laborales, con la diferencia de que ahora los recursos retenidos se canalizan a una cuenta pública denominada “Pavimentación e Infraestructura Urbana para los Municipios”, desde la cual se realizan transferencias directas a cuentas de la Sección 54 del SNTE.
Finalmente, Guerrero González exigió transparencia y libertad para que el sistema judicial resuelva el caso sin injerencias externas, y reclamó que continúe el proceso civil contra la empresa administradora de los fondos, Consulta Actuarios, SC, al señalar que pruebas presentadas por su defensa no han sido valoradas por los juzgadores.
